Derivado de las declaraciones hechas para la fusión del INAI a la Secretaría de la Función Pública por el Titular del Ejecutivo Federal y con los datos revelados por las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional sobre el accionar del gobierno federal, en particular la oficina de la Presidencia de la República, en materia de acceso a la información pública vía solicitudes de acceso a la información es reveladora, “ […] 2019 fue el año en que se interpusieron más recursos de revisión en contra de la Oficina de Presidencia de la República desde 2003, con 513, siendo un incremento del 817% respecto al año previo” esto mencionado por el “Núcleo de organizaciones de la sociedad civil de la alianza para el gobierno abierto en México”. Y de una revisión propia podemos informar que para el año 2020 el número de solicitudes de acceso a la información registradas en la Plataforma Nacional de Transparencia fue de 258 solicitudes, de las cuales 190 se entregaron vía correo electrónico, 35 no eran competencia de la propia oficina, 22 es información pública, 11 no corresponden al marco legal en la materia.
Como podremos darnos cuenta, la unidad de Transparencia de la Oficina de Presidencia de la República recibió lo que otros sujetos obligados de gran escala recibirían en menos de medio año, como lo pueden ser Gobiernos Estatales o Municipales, en todo 2020 solo por plasmar un ejemplo, el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), durante el mismo periodo reportó 3,302 solicitudes directas, la UNAM registró 484 solicitudes o el Ayuntamiento del Municipio de Puebla recibió 906 solicitudes; lo que nos puede dar una idea del porque el Presidente de la República declaró el 07 de enero del presente año, el análisis de propuesta de integración de los órganos garantes a las Secretarías Federales.
Sus motivos y austeridad republicana tendrá, pero lo que no puede dejar de olvidarse, es que el proceso de construcción en el que se encuentra el país bajo su Plan Nacional de Desarrollo puede atravesar la delicada línea entre lo que hicieron los gobiernos pasados y lo que él está creando a partir del bono democrático que la sociedad en poco más de 30 millones de personas depositaron en julio del 2018, durante el ejercicio de rendición de cuentas vertical sobre el gobierno del entonces Presidente Enrique Peña Nieto, el ejercicio de la ciudadanía al evaluar las declaraciones del ejecutivo volcaban entre un retroceso político representado por el Partido Revolucionario Institucional y los demás partidos políticos, según su visión de gobernar del actual mandatario o tomar el timón del barco y virar hacia la reconstrucción nacional, vista bajo la participación ciudadana y el ejercicio democrático del voto directo. Sin embargo durante lo que va de su presidencia (2 años) los actores sociales, de comunicación, educativos, mediáticos, económicos y culturales están atravesando por dificultades para poder seguir estando en la reconstrucción nacional, puesto que los intereses de unos y otros se han visto afectados o detenidos por reformas provenientes del ejecutivo federal bajo el concepto de la austeridad republicada y buen gobierno.
Las plataformas ocupadas para la nueva visión de gobierno deben ir acompañadas de las instituciones volcadas en la participación social y la rendición de cuentas, el control y mejora institucional, el caso que nos ocupa sobre el INAI, ha sido construido no solo por una necesidad institucional del Presidente Vicente Fox Quesada en su sexenio, fue y es una lucha constante de la sociedad civil organizada, de universidades, instituciones de investigación gubernamental, de organizaciones de periodistas y de un sinfín de actores políticos encaminados a transparentar el actuar gubernamental, rendir cuentas y buscar la tierra prometida, “la honestidad” con el ciudadano; esa lucha que por años se suscitó para que se reformara la Constitución Política y se buscara el libre acceso a la información pública. Por ello es que se debe buscar a partir del diálogo, la reflexión de un nuevo rumbo democrático que se debe tener gracias a la información libre y pública, que pueda ser protegida y salvaguardada por un órgano garante constitucional, para que pueda ser ocupada por quienes saldrán a votar y a ejercer de nuevo un momento de reflexión sobre la rendición de cuentas del actual mandatario en el presente 2021.
El debate no debe dejarse a un lado, ya que depende de los tomadores de decisiones el que pueda clasificarse y reservarse al ciudadano o no en la construcción de un estado democrático, con instituciones autónomas y que permitan realizar con mayor objetividad su labor de proteger los derechos humanos, como consecuencia, un mejor país con mayor rendición de cuentas mediante la política pública de la Transparencia.
Mi recomendación para el Congreso de la Unión es:
No romper lo que no está roto.
¡Excelente año 2021, hasta pronto!
paulbonillatransparencia@outlook.com
