El Poder Legislativo ha sido partícipe y origen del desdén de la ciudadanía. Dentro de la cotidianidad de los procesos legislativos y acciones que ahí convergen, la ruta hacia el fortalecimiento del poder siempre se desdibuja y termina por perderse en un sinfín de proyectos y líneas de acción que poco o nada tienen que ver con un robustecimiento y posicionamiento de su actuar.
En ese ámbito, mucho tiene que ver el diseño institucional del gobierno interno y el esquema de toma de decisiones al interior del legislativo. Su organización y composición arrojan luces y sombras en su desempeño.
En el caso del Congreso poblano, para ejemplificar, se debe hablar del órgano legislativo rector: la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Su nacimiento se dio a finales del año 2011, junto con la publicación de la (vigente) Ley Orgánica del Poder Legislativo, cuya expedición fue un logro de la LVIII Legislatura, resultado de la primera alternancia política en la entidad.
Hasta ese momento, como órgano de gobierno, prevalecía la figura de la Gran Comisión, cuerpo legislativo que se acoplaba muy bien a la composición político-parlamentaria del Congreso. A saber, de 2008 a 2011, la LVII Legislatura estaba conformada de la siguiente manera: 26 diputados del PRI, 8 del PAN, 2 de Nueva Alianza, 2 del PRD, 2 del PT y 1 de Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano).
Luego de la elección de 2010, donde la coalición “Compromiso por Puebla” obtuvo el triunfo electoral ante la alianza “Puebla Avanza”, la composición del Congreso cambió drásticamente: PRI 16 diputaciones, PAN 12, Nueva Alianza 5, PVEM 3, PRD 3, PT 1 y Convergencia 1.
El momento clave de la metamorfosis de la Gran Comisión hacia la Junta de Gobierno residió justo en la disputa por el liderazgo de este órgano legislativo. Las circunstancias fueron las siguientes: ante la ausencia de una mayoría absoluta representada por una sola fuerza parlamentaria, las bancadas del PAN, PNA y PRD se constituyeron en un solo grupo parlamentario, llegando así a conformar un bloque que pudo encabezar la Gran Comisión.
Debemos recordar que, en ese periodo, aún regulaba la vida parlamentaria local la anterior Ley Orgánica, misma que definía que la Gran Comisión se integraba por 8 diputados distribuidos de la siguiente manera: 5 de la fracción más numerosa, 2 de la segunda y 1 de la tercera. De esa forma (ya en la LVIII Legislatura) la última Gran Comisión en la historia legislativa del estado estuvo integrada por: 5 diputados del PAN (con Nueva Alianza y PRD incluidos), 2 del PRI Y 1 del PVEM. Esta integración le permitiría a Acción Nacional obtener la Presidencia del multicitado órgano de gobierno.
Sin embargo, la naturaleza de esa conformación sería transitoria, ya que los diputados integrados de manera artificiosa en una sola fuerza parlamentaria requerían regresar a la conformación de sus partidos de origen. Así construyó la legislatura de la alternancia la nueva Ley Orgánica que, además de la necesidad política antes citada, encontró el momento propicio para reorganizar el diseño institucional y convertirlo en uno con características fundadas en la necesaria pluralidad.
El nuevo órgano de gobierno (Junta de Gobierno y Coordinación Política) pasaría entonces de una integración acotada y con sesgos a favor del grupo parlamentario más numeroso (aunque no tuviese mayoría absoluta) a una integración plural. A partir de 2012 este órgano colegiado tendría la participación del coordinador de bancada de todos los partidos políticos representados en el Congreso. Para efectos prácticos, si en la LVII Legislatura estaban representadas 3 fuerzas, en la LVIII Legislatura estuvieron representadas 7.
La toma de decisiones estaba también sesgada en favor de la primera fuerza parlamentaria. Sus 5 representantes en la Gran Comisión le garantizaban éxito en cada una de sus determinaciones. Eso no ocurriría más a partir del 2012, cuando en la nueva Ley Orgánica se adoptó el sistema de toma de decisiones por voto ponderado, es decir, dentro de la Junta de Gobierno, cada coordinador personalizaba el porcentaje de votos que implicaba el número de diputados de cada fracción. Así se reflejaba el verdadero peso de cada grupo legislativo en la mecánica del gobierno interno del Congreso.
De la misma manera, la Presidencia de la Junta de Gobierno, a diferencia a la de la Gran Comisión, la ostentaría algún coordinador legislativo con el aval del Pleno, por el periodo de un año (hasta la LIX Legislatura), con opción a ser ratificado por un año más. De esta manera, se construyó una Presidencia con la opción de ser rotativa entre las principales fuerzas del Legislativo, convirtiéndola en una posición que se distinguía por ser plural.
Esa condición le duraría dos legislaturas. En la LX Legislatura, los diputados que ostentan la mayoría (relativa) del Congreso poblano, decidieron en el año 2019 cancelar el pluralismo en el liderazgo de este Poder. Optaron por dar un paso atrás y asemejarse a la antigua Gran Comisión, al menos en el periodo de liderazgo de este Poder al pasar de un lapso de un año, al del “término de la legislatura”.
Sabemos que la historia política puede ser pendular en cuanto a la correlación de fuerzas al interior de un ente como el Congreso. Sin embargo, los periodos prolongados del “liderazgo” institucional, resultan legales, mas no legítimos, cuando en los hechos se está demostrando que la función, más allá de fortalecer a un Poder, sólo sirve de escaparate y pivote para poder acceder a otros cargos. Entonces la pregunta sería ¿Para que reformar la ley a modo si no se le va a cumplir a cabalidad? La presidencia de la Junta de Gobierno debería ser un asunto de responsabilidad de Estado y no considerársele como una posesión patrimonial. Puebla ya tenía (al menos en su gobierno interno) un Congreso más plural y democrático.
Los nuevos diputados deben considerar regresar a ese esquema que, respeta en su espíritu la representación fidedigna de las diferentes expresiones y posiciones de la sociedad. Medidas como esa fortalecerán el necesario equilibrio al interior y exterior del Congreso.
josimar.alejo@criteriodiario.com
