Por: Redacción Criterio Diario / Foto: Twitter: @Claudiashein
El lunes 26 de septiembre Cuba le dijo “Sí” al matrimonio igualitario, lo que implica un gran avance en la garantía de los derechos de las personas de las comunidades LGBT+. El país se une a Uruguay, Chile, Brasil y México.
El domingo 25 de septiembre la ciudadanía de Cuba fue llamada a votar en un referendo para aprobar o no el matrimonio igualitario, en medio de las protestas contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, la oposición de la Iglesia y el activismo de las comunidades LGBT+.
Este último marcado por la fuerte homofobia de la revolución cubana en sus inicios, en las décadas de los 60 y hasta finales de los 70, cuando la homosexualidad era considerada como contrarrevolucionaria y era prohibida. Las personas de las comunidades LGBT+ eran enviadas a campos de trabajo forzado para “corregir” sus orientaciones o identidades. Hasta que en 1979 Cuba despenalizó las relaciones homosexuales.
El Código de las Familias de 1975, sólo reconocía como legal la unión voluntaria entre un hombre y una mujer y ahora tendrá que decir: la unión voluntaria entre dos personas con “aptitud legal” y con el objetivo de hacer una vida en común, “sobre la base del afecto, el amor y respeto mutuos”.
Los matrimonios LGBT+ (Lésbico, Gay, Bisexual, Trans y más) ahora tendrán mas oportunidad de adoptar, algo que sólo podían hacer las parejas heteros. Igual el Código de las Familias legaliza la “gestación solidaria” para familiares o personas que tengan una relación afectiva, cercana y que no pueden tener hijos e hijas.
El matrimonio infantil era legal siempre y cuando tuviera la aprobación de las familias, si las niñas tenían 14 años cumplidos y los niños 16. A partir de este referendo para poder casarse en Cuba, las personas deben cumplir los 18 años de edad.
El nuevo Código de las Familias también reconoce a las familias multiparentales. Da la oportunidad a padrastros y madrastras de llevar la tutoría y reconoce la responsabilidad parental, en vez de la patria potestad.
Cuba reconocerá a niños, niñas y adolescentes como personas con derechos y a sus tutores o tutoras como personas con responsabilidades, dejando de lado el “yo decido por ti” y con la responsabilidad parental, llega la autonomía progresiva de los y las menores.
La misma autonomía va para personas con discapacidad, quienes podrán decidir sobre la planificación familiar y vida sexual.
