El control parlamentario en nuestra entidad tiene un momento cumbre (por así llamarlo): el informe de gobierno (mal llamado, porque debería ser “informe del poder ejecutivo”, en estricto sentido). A partir de las reformas constitucionales que dieron origen a la gubernatura de corta duración (minigubernatura), con el objeto de empatar y hacer concurrentes las elecciones locales con las federales, se modificó la fecha en la que se emite, pasando del mes de enero de cada año (con la apertura del antiguo primer periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado), a la primera quincena del mes de diciembre (en el marco del cierre de los trabajos legislativos del primer periodo ordinario de sesiones vigente).
El formato, en esencia ha tenido nulos cambios de 4 legislaturas a la fecha. El titular del ejecutivo en turno (no importando la legislatura de la que se hable), acude o no, a la sede del Poder Legislativo, escucha los posicionamientos de los representantes de todas y cada una de las fracciones y representaciones legislativas, para luego emitir un mensaje con motivo del citado informe. Acto seguido el presidente o presidenta en turno de la Mesa Directiva da contestación al mensaje del gobernador, fijando así la postura del poder que representa.
Es un formato que poco abona a la rendición de cuentas. Si bien es cierto que en una ceremonia no se puede abarcar ni estructurar un ejercicio pormenorizado de escrutinio legislativo al ejecutivo, también lo es que el informe es un acto más protocolario que republicano.
¿Cómo fijar una postura parlamentaria sin conocer antes el contenido del informe? Si se ha de ejercer un contrapeso efectivo e informado, es menester que los legisladores tengan, analicen y evalúen, con una razonable anticipación, el documento sobre el que se va a hablar en la sesión solemne que para esos efectos se realiza. No sucede así. Tampoco resulta una limitante, puesto que los legisladores deben conocer la realidad política, económica y social que les contextualiza a efecto de realizar los señalamientos pertinentes al ejecutivo. Sin embargo, resultaría una actividad considerablemente más productiva si acudieran a dicha ceremonia con una evaluación objetiva (si se quiere política es totalmente válido) para someterla a debate y discusión.
Otra barrera con la que se encuentran los legisladores es el tiempo de exposición que se ve reducido a un posicionamiento que, rara vez, se puede prolongar más allá de los diez minutos. ¿Qué se puede abordar en ese lapso? Sin información y evaluación de calidad, las intervenciones se reducen en más de las ocasiones a posturas meramente políticas, sin entrar a los pormenores de la evaluación del estado de resultados de la administración pública.
La falta de equilibrio entre poderes se hace patente también en el tiempo que se estipula para el mensaje de los titulares del ejecutivo en turno, quienes (a lo largo de la historia), en el peor de los casos, han utilizado mínimo una hora para emitir su informe. Siendo así una acción con preponderancia del ejecutivo sobre el legislativo. El evento gira alrededor de la figura del gobernador y/o gobernadora, dejando de lado y minimizando a la jornada en que debe haber mayor protagonismo de los integrantes del legislativo.
Una característica más de la ausencia de contrapesos en el debate e intercambio de argumentos es la nula interacción en el Pleno entre diputadas, diputados y gobernador (a). Al no contar con algún espacio para replicar lo que se profiere en el uso de la palabra, queda poco o nulo margen para la crítica y el debate informado.
Habrá que reconocer que la glosa (ejercicio de rendición de cuentas donde acuden al poder legislativo, los titulares de las dependencias del ejecutivo), pudiera suplir esos vacíos con los que hoy cuenta el formato del informe del ejecutivo. Sin embargo, el impacto mediático y social de un encuentro entre poderes resulta poco trascendente si están puestos los candados necesarios para cubrir y cuidar la figura del ejecutivo. El formato actual en sí inhibe de esa manera la participación ciudadana en la evaluación del desempeño de sus representantes, ya sean los diputados o el gobernador (a).
Tenemos entonces una ceremonia que sólo cumple un protocolo de forma, más no de fondo. Sin duda puede ser una más de las razones por las cuales el legislativo tiene menor confianza como institución. La percepción de una “simulación” es casi ineludible.
Reforzar la credibilidad en las instituciones es imprescindible para la nueva realidad que ya nos contextualiza. Si bien es cierto que la llegada al poder de una opción “nueva” vino a oxigenar a nuestro sistema político, también lo es que, de no hacer cambios profundos, agudizará la crisis de gobierno y credibilidad pudiéndonos llevar a escenarios de mayor complejidad aunados a la caótica y delicada situación en que nos ha puesto la pandemia.
Los bonos democráticos son para impulsar reformas de hondo calado. Transformar el esquema de rendición de cuentas, es un buen comienzo hacia la cimentación de un verdadero equilibrio de poderes en vías de concretar una mejora continua en el ejercicio de gobierno.
Las propuestas son claras (por citar sólo algunos ejemplos): reformar la ley orgánica del legislativo (si es necesario la constitución también) a efecto de que el documento que contiene el informe se haga del conocimiento de los legisladores, al menos con una semana de anticipación a la sesión solemne; modificar el orden de las intervenciones para que el ejecutivo sea el primero en exponer el estado que guarda la administración pública y luego escuchar los posicionamientos y cuestionamientos de los legisladores, para por último contestar a los mismos.
De esta manera puede darse un debate con más y mejor información (incluso con la participación de la sociedad civil), que sea puntual pero, sobre todo, productivo para la sociedad y el gobierno. De lo contrario, seguir por el camino de la simulación no hace más que alargar la agonía de las endebles y débiles instituciones de (como diría el Maestro Woldenberg) nuestra “incipiente democracia”.
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